Garantizar la seguridad ciudadana es una obligación irrenunciable de las autoridades, máxime en tiempos de alto desacato de los delincuentes.
Para lograr cierto nivel de eficiencia en esa seguridad, los patrullajes sistemáticos de la Policía o de fuerzas combinadas con militares son apropiadas respuestas para mantener la guardia en alto en esta prioridad.
Son más útiles y disuasivos que los llamados puestos de chequeo o retenes que, por su naturaleza, solo se justifican en operaciones de emergencia o estratégicas, como fue el caso de los puestos establecidos para el cumplimiento del toque de queda.
A pesar de que la Policía desmontó los suyos, bajo el argumento de que son odiosos para los ciudadanos de trabajo que se movilizan en las calles, al parecer estos siguen operando, pero ahora a cargo de la fuerza de tarea denominada Ciudad Tranquila (CIUTRAN).
Suponemos que la responsabilidad del orden público recae en la Policía no propiamente en las fuerzas armadas, aunque su colaboración episódica con la Policía para situaciones extraordinarias, ha logrado algunos objetivos.
Resulta que los militares no están entrenados para bregar ni parlamentar con ciudadanos civiles como lo hacen los policías, a quienes también les toca algo del control del tránsito y el transporte.
Si los militares no están familiarizados con las leyes y procedimientos que protegen el libre tránsito o que regulan la intercepción, chequeo o retención de vehículos, podrían incurrir fácilmente en violaciones a derechos ciudadanos, lo que nadie desea.
Si la convicción de la jefatura policial al desmontar los puestos de chequeos o retenes es que no siempre son funcionales porque los delincuentes o los perseguidos no pasan por ellos, ¿por qué entonces CIUTRAN los ha establecido en varias ciudades del país?
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