Las dificultades de los imputados en el caso Medusa para acceder al formato digital que contiene las supuestas pruebas en su contra y la falta de notificación de la acusación a algunos, dieron ayer al traste con el propósito del Ministerio Público de iniciar la presentación de las mismas ante el juez de la instrucción, quien deberá determinar si tienen méritos para enviar al grupo a juicio de fondo como ha solicitado el órgano persecutor.
Luego de más de seis horas de debate el juez Amauris Martínez aplazó la audiencia para el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana , y otorgó plazos a las partes para corregir las fallas y preparar sus medios de defensas,
El problema fue planteado por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, y secundado por otros imputados que igual preferían el documento impreso alegando le sería más cómodo para preparar una defensa “eficiente y eficaz”.
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Carlos Balcácer, quien encabeza la defensa de Jean Alain, dijo que el MP tiene suficiente presupuesto para cubrir el costo de las copias a papel, que es con la que los abogados acostumbran hacer su trabajo.
La representante del MP Yeni Berenice Reynoso se opuso a entregar en físico el expediente de 12,274 páginas y 3,500 pruebas, pero fue flexible en cuanto al plazo y propuso 45 días, indicando que quieren que las defensas estén en condiciones de defenderse, “porque a nosotros nos gusta litigar con personas que estén en condiciones de hacerlo”.
Señaló que hay personas que están vinculadas a una línea y su defensa técnica pidió al tribunal un plazo de tres meses “para estudiar una imputación de una línea”, lo que en su opinión, esa no es una defensa efectiva.
“Si alguien pidió 100 días (defensa de Jean Alain), yo lo pido, pero esa no es una defensa efectiva, y la defensa tiene que ser efectiva. El hecho de que una barra pague a muchos abogados no le da derecho a irrespetar el propio derecho de defensa”, dijo la directora de Persecución de la PGR.
Advirtió que bajo ninguna circunstancia el MP aceptará extorsiones procesales y que tampoco se sentará a negociar con quien utilice actuación procesal desleal.
Parafraseando un principio americano la directora de Persecución del Ministerio Público enfatizó: “Nosotros no negociamos con terroristas”.
Decisión del juez
Aplazó la audiencia a los fines de que el MP pueda corregir las fallas del disco duro que contiene la acusación y las pruebas que ha presentado y hacer un inventario físico de ellas de manera que las defensas técnicas que lo requieran para hacer su derecho de defensa efectivo puedan observarlo.
Para esa regularización otorgó al MP un plazo de 20 días, sirviendo el mismo para a la vez obtener y ofertar vía secretaría del tribunal además del disco duro subsanado, los faltantes para los imputados a los que aún no les ha sido notificado.
Vencido ese plazo dio otros diez días para que la secretaria del tribunal lo notifique a las defensa técnicas.
Con relación a este programa previo, el tribunal estableció un plazo de 60 días hábiles a las defensas técnicas a partir de la notificación, “valorado de que pueda darse lugar a que pueda nuevamente estatuir situaciones, producto de que se ha cumplido la logística previamente determinada, para que pueda ser justipreciado en su contexto”.
Asimismo, le otorgó una plazo de 10 días a la imputada Carolina para que pueda constituir y acreditar por ante el tribunal su defensa privada.
En cuanto a la audiencia preliminar, conforme a la dinámica de los preparativos de notificación y otros, el tribunal dispondrá lo relacionado a una próxima fecha que será el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana ante el mismo salón de audiencias, valiendo notificación para las partes representadas y presentes ayer.
Durante los debates el juez fue atacado por varias defensas que lo cuestionaron por continuar el conocimiento del proceso de pruebas no obstante la falta de algunos imputados.
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