Santo Domingo, RD.
La Procuraduría General de la República tiene cientos de casos abiertos de corrupción administrativa, según informó en documentos del caso de la “Operación Coral”, depositados en corte.
El Ministerio Público dijo que tiene abiertos cientos de casos, “todos englobados dentro de la denominada Operación Antipulpo”, que ha dado al traste con otros operativos, donde se han apresado a decenas de exfuncionarios de la pasada gestión gubernamental.
El caso más reciente en el que trabaja la Procuraduría es la denominada “Operación Coral”, por la que fue apresado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fuera el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
En esa operación se apresaron a otras cinco personas: la pastora Rossy Guzmán Sánchez; el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez De Aza; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Este grupo está acusado de formar parte de una organización de desfalco al Estado que, en una de sus operaciones, nombraba de forma irregular a cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
Luego recibían un porcentaje de los montos señalados a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
La diferencia entre lo pagado y la dadiva era, supuestamente, subsecuentemente repartida entre miembros de esta sociedad, en formas de depósitos y transacciones, de acuerdo con la PEPCA.
La investigación señala que Félix Alburquerque Comprés, vicealmirante y presidente de la DNCD en el gobierno de Danilo Medina, y Adán Cáceres Silvestre conformaban parte de la supuesta coalición de funcionarios para enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría aporta como prueba el recibo de depósito en el Banco de Reservas, por el cual la asociación recibió el pago por valor de RD$525,000 de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
La investigación de los fiscales contra la corrupción ha revelado que en los sistemas de la Dirección Nacional de Control de Drogas “no existen registros de pagos alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.
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